El concejal de La Libertad Avanza fue detenido tras un allanamiento en O’Brien y quedó imputado en una causa por presunta comercialización de estupefacientes. El caso generó repercusiones políticas y abrió un debate sobre su continuidad en el Concejo Deliberante.
La situación que involucra al concejal de La Libertad Avanza Germán Díaz sacudió durante el fin de semana al escenario político e institucional de Bragado. El edil, de 52 años, fue aprehendido el sábado 22 de agosto durante un allanamiento realizado en su domicilio de la localidad de O’Brien, en el marco de una investigación judicial por la presunta comercialización de estupefacientes.
El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N.º 3 del Departamento Judicial de Mercedes, a requerimiento de la UFI N.º 7, a cargo de la fiscal María Laura Cordiviola. Durante el operativo, realizado en una vivienda ubicada sobre calle Rivadavia, fueron secuestrados restos de cocaína, flores de marihuana, elementos que serían compatibles con tareas de fraccionamiento, una balanza de precisión, un teléfono celular y una computadora notebook.
Díaz quedó a disposición de la Justicia e imputado en una causa por presunta comercialización de estupefacientes. La investigación deberá determinar el origen y destino de los elementos secuestrados y, fundamentalmente, la eventual responsabilidad penal del concejal. Hasta el momento, se trata de una imputación y no de una condena.
El origen de la investigación
De acuerdo con distintas publicaciones periodísticas, la investigación habría tomado impulso luego de que vecinos de O’Brien manifestaran su preocupación por la presunta venta de drogas en la localidad durante un encuentro con autoridades municipales. En ese contexto, el nombre de Díaz habría sido señalado por vecinos como posible responsable de esas maniobras. Esos testimonios habrían sido incorporados posteriormente a la investigación judicial.
A partir de las tareas investigativas, la Justicia autorizó el allanamiento del domicilio y posteriormente la aprehensión del concejal.
Un antecedente que vuelve a aparecer
El episodio también volvió a poner bajo la lupa un antecedente ocurrido en abril de 2024, cuando la División de Tráfico de Drogas Ilícitas de Chivilcoy realizó allanamientos en O’Brien y uno de los objetivos fue un establecimiento denominado “La Pachamamita”, vinculado a Díaz.
En aquella oportunidad, el concejal explicó públicamente que en el lugar funcionaba un proyecto familiar relacionado con el cultivo y mejoramiento de semillas de cannabis con fines medicinales e industriales. Díaz sostuvo entonces que la actividad estaba registrada y habilitada y que se trataba de un emprendimiento realizado dentro del marco legal.
El propio edil brindó explicaciones junto a su abogado y manifestó que aquella actuación se había originado en una denuncia anónima. Según su versión de entonces, no existía comercialización ilegal de estupefacientes y el emprendimiento estaba vinculado a la investigación y desarrollo de cannabis medicinal.
Ese antecedente adquirió ahora una nueva dimensión política y periodística a partir de la investigación que terminó con el actual allanamiento y la detención del concejal.
La reacción de La Libertad Avanza
Luego de conocerse la aprehensión, el bloque de concejales de La Libertad Avanza de Bragado difundió un comunicado firmado por Daniela Monzón, Paola Alsina, Andrés Drunday y Gabriel Blaiotta.
Los concejales señalaron que cualquier cuestión relacionada con la investigación y con la situación personal de Díaz debe resolverse exclusivamente en el ámbito de la Justicia y remarcaron que el bloque es ajeno al proceso judicial.
Al mismo tiempo, expresaron un fuerte rechazo a cualquier hecho relacionado con la venta y comercialización de estupefacientes y manifestaron su disposición a reunirse con el resto del Concejo Deliberante para analizar institucionalmente los pasos que correspondan.
La UCR pide la suspensión y el inicio de la destitución
La reacción política continuó este lunes con un fuerte pronunciamiento de la Unión Cívica Radical de Bragado.
La Mesa Ejecutiva del Comité de Distrito reclamó la suspensión preventiva de Germán Díaz y pidió que se inicie el proceso de destitución del concejal. Además, solicitó la convocatoria urgente a una Sesión Especial del Concejo Deliberante para abordar la situación.
El planteo radical coloca ahora el foco en el Concejo Deliberante, que deberá determinar qué medidas institucionales corresponden frente a la situación judicial que atraviesa uno de sus integrantes.
La situación institucional
Díaz asumió su banca en diciembre de 2023 y forma parte del bloque de La Libertad Avanza. Además, distintas publicaciones lo identifican como vicepresidente segundo del Concejo Deliberante de Bragado.
La detención de un concejal en ejercicio generó así un escenario inédito para el cuerpo legislativo local y abrió un debate que excede la cuestión estrictamente judicial: qué actitud debe adoptar el Concejo frente a un integrante que se encuentra detenido e imputado en una causa penal.
Mientras desde algunos sectores ya se reclama una suspensión preventiva y el inicio de un proceso de destitución, desde La Libertad Avanza se plantea que deben respetarse los procedimientos institucionales, las competencias del cuerpo y las garantías correspondientes a todas las partes.
La Justicia tiene ahora la palabra
Al momento de esta publicación, la investigación continúa en manos de la Justicia de Mercedes. Díaz quedó a disposición de la UFI N.º 7 y se esperaba que fuera trasladado a sede judicial para prestar declaración indagatoria ante la fiscal Cordiviola.
El caso tendrá ahora dos caminos paralelos: por un lado, el avance de la investigación penal para determinar si existió efectivamente comercialización de estupefacientes y cuál fue el grado de responsabilidad que pudiera corresponderle al imputado; por otro, el debate político e institucional que se abrirá en el Concejo Deliberante respecto de su continuidad en el cargo.
Por ahora, Germán Díaz permanece bajo investigación y rige para él el principio de inocencia. La resolución de su situación procesal será competencia exclusiva de la Justicia, mientras que el Concejo deberá definir, dentro del marco de sus atribuciones, cómo continuará la situación institucional del edil.
